Archivo de mayo de 2012

La confidencialidad de los correos electrónicos de los funcionarios públicos

Mediante Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) se acogió un recurso de inaplicabilidad presentado por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en contra de un dictamen del Consejo para la Transparencia (CPLT) que lo obligaba a revelar el contenido de una serie de correos electrónicos intercambiados entre él y la gobernadora de Melipilla, Paula Gárate.

De acuerdo al TC  que el dictamen del Consejo es inconstitucional, pues vulnera el artículo19 N° 4 de la Carta Fundamental, relativo a la protección de la vida privada.

El dictamen del Consejo para la Transparencia ordenaba la entrega de los e-mails enviados entre el subsecretario del Interior y la gobernadora de Melipilla, Paula Gárate, en relación con la paralización de los dineros destinados a la comuna para la reconstrucción después del terremoto del 27 de febrero de 2010.

La solicitud de información fue hecha por el alcalde de Melipilla, Mario Gebauer (PPD), en febrero del año pasado y fue rechazada por la subsecretaría, que argumentó que los correos electrónicos son comunicaciones personales amparadas por la Constitución, por lo que no son de carácter público.

El principal argumento del CPLT para ordenar la entrega de los e-mails es que “los correos son potencialmente públicos, y si alguien tuviera un contenido reservado tiene que acreditarlo”.

En contra de esto, se argumentó que “los correos que se dirigen los funcionarios entre sí no son ejercicios de potestades públicas, salvo cuando así lo señala la ley”.

El pronunciamiento del Tribunal Constitucional que fue dividido. En principio, se adoptó por 6 votos contra 4. Por acoger el recurso estuvieron el presidente, Raúl Bertelsen, y los integrantes Hernán Vodanovic, Marisol Peña, Enrique Navarro, Carlos Carmona e Iván Aróstica.

Durante las deliberaciones, algunos de los miembros del TC expresaron su parecer en el sentido de que controversias de esta índole deben ser resueltas por la Justicia y no por la instancia que ellos integran.

Fundamentaron esa postura en el hecho de que autorizar el acceso a un correo electrónico equivale a permitir la intercepción de un registro. Con ese telón de fondo, se recordó que en el caso MOP-Gate, la ministra Gloria Ana Chevesich revisó personalmente uno a uno todos los correos electrónicos incautados en esa cartera por orden de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Mientras, el voto de minoría se basó en que los funcionarios públicos saben que por la naturaleza del asunto puede ser pública esta información contenida en los correos electrónicos.

Este conflicto, aún tiene algunas etapas pendientes, principalmente el fallo de un reclamo de ilegalidad interpuesto por Ubilla ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

La relevancia del fallo del TC, es de suma importancia si se considera que más del 80 por ciento de los trámites entre municipios y gobierno y en el propio gobierno se realizan a través de correos electrónicos

Además, esta decisión del TC es considerada clave, debido a que sienta  un precedente respecto de si los correos electrónicos de las autoridades son de carácter público o no, tema que reviste una gran polémica.